España acumula una nueva denuncia de la Comisión Europea ante la justicia europea. En esta ocasión, el Ejecutivo de la UE acusa al Estado español de que sus normas de contratación pública “se apartan notablemente de las leyes europeas” en lo relativo a “los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben ajustarse a la legislación nacional de contratación pública que transpone las directivas”. Desde Bruselas, este año ya se han abocado a los jueces de Luxemburgo varios incumplimientos por parte de España, como la directiva sobre fusiones transfronterizas.
