El último pleno parlamentario del año se presumía aciago para el Gobierno y acabó como esas noches electorales en las que todos se proclaman vencedores. El Ejecutivo logró salvar la ley para modernizar la Administración de Justicia, tras frenar en el último momento la amenaza de Podemos de tumbarla. Y también obtuvo la aprobación definitiva a la norma que contiene el paquete fiscal, un encaje de bolillos cosido en las últimas semanas por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero a la vez, la oposición le propinó una derrota que demuestra las enormes dificultades para pactar una política sobre impuestos común entre la base parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Junts y PNV se sumaron a una propuesta del PP que deroga el impuesto a las grandes energéticas, el mismo que la víspera el Gobierno había pactado prorrogar con ERC, EH Bildu y BNG.
